¿Han cumplido los estados miembros de la Unión Europea los objetivos de digitalización del sector público? Un informe de la Comisión Europea analiza esta evolución a lo largo de 10 años para comprobar si las administraciones públicas de los 28, más las de otros seis países asociados, han conseguido definir políticas de digitalización, desarrollar marcos legales e implementar sus estrategias de Gobierno electrónico hasta 2018, en un momento clave dentro de la UE, que ya prepara el futuro programa Europa Digital.
La respuesta a la pregunta es sí. Al menos es la conclusión del “eGovernment factsheets anniversary report“, el informe elaborado por el Programa ISA², un instrumento de la Comisión para desarrollar soluciones que faciliten servicios públicos en la UE. El documento repasa los diez años que lleva midiéndose la actuación de los estados miembros en materia de Gobierno electrónico a través de la publicación de fichas técnicas que monitorizan diferentes parámetros que componen el “eGovernment”.
Para realizar este análisis, que no pretende ser un ranking, sino un balance general de actuación, el estudio destaca una primera etapa de elaboración de políticas de Gobierno electrónico e interoperable, la creación de las normas que permitieran desarrollarlas y las actuaciones que han permitido llevar las estrategias a la realidad en diferentes áreas dentro del sector público.
En la última década todas las administraciones públicas europeas han adoptado estrategias sobre Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Unos países han estado más rápidos que otros, como es el caso, por ejemplo, de Polonia, Malta, Italia, Estonia y Francia, que presentaron sus estrategias en 2008 e incluso antes, como el caso de Eslovaquia, en 2007.
España no lo hizo hasta 2012 con el Plan Mejora 2012-2015 para la Administración y el servicio público, seguido del Plan de Transformación Digital para la Administración General y sus Organismos Públicos.
Desarrollo de marcos legislativos y estrategias de Gobierno electrónico
Para facilitar el desarrollo de estas estrategias, los estados miembros y los países asociados incluidos en el estudio han adoptado nuevas leyes y reglamentos a sus cuerpos legislativos, unas veces como trasposición de directivas europeas en materia de Administración electrónica e interoperabilidad, y otras veces iniciados por propia voluntad del país. Según el informe, nueve países, entre ellos España, indican que la adopción de legislación específica para fomentar el “eGovernment” es uno de sus principales logros en este ámbito en el periodo 2008-2018.
Más allá de los textos legales genéricos sobre Gobierno electrónico, destacan las legislaciones adoptadas en toda Europa sobre áreas específicas, como la provisión de servicios públicos digitales, la creación de registros únicos base, el despliegue de la infraestructura de Gobierno electrónico, los datos abiertos o la ciberseguridad.
Servicios digitales
En el ámbito de la provisión de servicios públicos digitales, todas las normas analizadas reconocen los derechos de los ciudadanos y empresas al acceso a la prestación de servicios públicos a través de Internet. El informe destaca la reforma del marco legal realizada en España en este sentido, haciendo referencia a la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. Señala que, para garantizar el cumplimiento de la ley, se elaboró el Esquema Nacional de Interoperabilidad y el Esquema Nacional de Seguridad, y se desarrollaron soluciones reutilizables e infraestructuras comunes.
También elogia las leyes 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público por adoptar “un enfoque novedoso” para la provisión de servicios públicos digitales, centrándose en “una transformación digital integral” y reforzando la eficiencia y la colaboración interadministrativa.
Infraestructuras de Administración electrónica
Los gobiernos también han legislado para facilitar el despliegue de la infraestructura de Gobierno electrónico, un pilar de la transformación digital y de la relación con ciudadanos y empresas, ya que se incluyen en este ámbito la factura electrónica, el DNI electrónico, los nodos para el intercambio seguro y de confianza de documentos y datos (eDelivery) y las plataformas interoperables.
En este sentido, el documento señala los casos de aquellos países que han conseguido introducir un único “eID” para ciudadanos y negocios. En Finlandia es obligatoria la factura electrónica desde 2010 y ha conseguido que el 95% de las contrataciones públicas sean electrónicas. Ahora está estudiando automatizar el proceso a través de inteligencia artificial y robótica. Otros casos significativos son los de República Checa o Eslovaquia. Este último país permite acceder a más de 1.500 servicios públicos mediante una “eID card” única.
Datos abiertos
Otros ámbitos legislativos de calado tienen que ver con los datos abiertos. Todos los estados desarrollaron leyes para trasponer la Directiva sobre la Reutilización de Información del Sector Público de 2003 y todos han llevado adelante políticas en este sentido. El estudio destaca la normativa de Suecia, de 2010, que hace gran hincapié en la importancia de crear una economía de datos y en el valor potencial de estos datos abiertos a todo el mundo.
Pero también es reseñable el caso de España, que se encuentra entre los países prescriptores de la UE en materia de open data. El estudio de la Comisión Europea advierte de que el reto actual de los datos abiertos es asegurar que esa información es reutilizada activamente por diferentes entidades. Actualmente se está revisando la Directiva, unos cambios que pueden contribuir a abrir más datos a la información pública en Europa y facilitar su reutilización.
Ciberseguridad
En materia de ciberseguridad, si bien la mayoría de administraciones públicas han ido adoptando estrategias relacionadas con la ciberseguridad, varios estados miembros han ido más lejos adoptando leyes para apoyar la seguridad de la red. Son los casos de Rumanía y Estonia, según señala el estudio, en el que también encuentra un hueco España por incluir esta materia dentro de la ley 40/2015.
En los diez años, los 34 países analizados han desarrollado sus políticas de diferentes maneras, priorizando unas áreas sobre otras, pero todos han intentado poner en marcha portales o plataformas de Administración electrónica lo más completas posible, ya que se consideran el enlace entre ciudadanos y Administración.
Capacidades digitales de los ciudadanos
Un aspecto que en el que unos países han incidido más que otros es en fortalecimiento de las capacidades digitales de los ciudadanos, tanto de los funcionarios, públicos para que puedan aprovechar al máximo las oportunidades que ofrecen las TIC, como de los ciudadanos que, en definitiva, deben ser los beneficiarios de esa digitalización. Según el Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI), en 2018% el 43% de los ciudadanos europeos no tenían habilidades digitales básicas.
El estudio destaca la estrategia puesta en marcha en Portugal, que ha desarrollado una red con más de 500 espacios ciudadanos donde se enseña cómo acceder a los servicios públicos digitales. En España también hay ejemplos de este tipo, como la red Guadalinfo en Andalucía, que dispone de más de 750 centros para facilitar el acceso a las TIC.
El Gobierno digital del futuro
La tarea de transformación digital del sector público continúa. Solamente en 2018, los 34 países estudiados adoptaron o revisaron 33 políticas, 43 leyes y seis instrumentos de financiación en el ámbito del Gobierno digital. En el periodo 2014-2018, el porcentaje de servicios públicos digitales para empresas creció un 8% y el de servicios para los ciudadanos lo hizo un 9% en los 28 estados miembros.
La Comisión Europea subraya que, en la última década, la modernización del sector público ha sido el núcleo del conjunto de reformas de la UE, desde su primer plan de acción de Administración electrónica, la iniciativa i2020 lanzada en 2006, hasta las posteriores Agenda Digital para Europa y Estrategia de Mercado Único Digital. Ahora, estudia las tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial y el blockchain y sus efectos, que jugarán un papel relevante en la próxima estrategia, el programa Europa Digital.
Este programa contará con un presupuesto de 9.200 millones de euros repartidos en cinco áreas: supercomputación, inteligencia artificial, ciberseguridad y confiabilidad, transformación digital e interoperabilidad y habilidades digitales avanzadas. La dotación presupuestaria de este programa se enmarca en el marco financiero plurianual para el periodo 2021-2027, que se debate y se prepara actualmente en el seno de la Unión Europea.
Artículo publicado en esmartcity.es
